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Tras dos maratónicas jornadas de negociación en la sede del Congreso en Santiago, la propuesta consensuada por la transversalidad del mundo político –con la autoexclusión del Partido Comunista- contempla que en abril de 2020 los ciudadanos se pronuncien respecto, en primer lugar, a si quieren una nueva Carta Magna.

En caso de que el votante conteste afirmativamente, deberá responder a una segunda interrogante: si quiere que la nueva Constitución sea redactada por una «Convención Constitucional», conformada en su totalidad por delegados electos democráticamente para este fin; o por una «Convención Mixta Constitucional», compuesta por un 50 por ciento por delegados electos, y otro 50 por ciento por parlamentarios en ejercicio.

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Los puntos clave del acuerdo político que abre la opción cierta de sepultar la Constitución nacida de la dictadura militar.

El órgano constituyente definido en el Plebiscito tendrá nueve meses de plazo para funcionar, prorrogables por tres meses más, pero sólo por una vez, en caso de ser necesario.

El acuerdo político contempla, además del denominado «plebiscito de entrada», un «plebiscito de salida», ratificatorio de la nueva Carta Magna, y para éste se impondrá la modalidad de voto obligatorio, a fin de garantizar la plena legitimidad del pronunciamiento ciudadano.

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La nueva Constitución será votada -aprobada o rechazada- en un «plebiscito de salida» con sufragio obligatorio.

El referéndum ratificatorio se efectuará sesenta días despues de la «devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente», señala el acuerdo.

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La «Convención Constitucional» o «Convención Mixta Constitucional» trabajará en el texto por un plazo máximo de un año.

«Una Constitución 100% democrática»

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), fue el encargado de presentar ante el país -pasadas las 02:20 de la madrugada- el referido «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución».

«Es una noche histórica para Chile y la democracia. Es una respuesta de la buena política, la política con mayúscula, transversalmente, de todos los partidos«, dijo Quintana, que recordó a las «víctimas de un lado y otro lado», a las «personas muertas y afectadas en sus derechos esenciales» en el marco de la crisis social que estalló hace cuatro semanas exactas.

El acuerdo «es una victoria de todo el país» y permite «construir un verdadero contrato social gracias a la ciudadanía movilizada».

Con éste «ofrecemos, por primera vez, una Constitución 100 por ciento democrática», señaló el ex timonel PPD al oficializar los detalles del acuerdo.

Concurrieron con sus firmas los dirigentes políticos Fuad Chahin (DC), Álvaro Elizalde (PS), Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Catalina Pérez (Revolución Democrática), Heraldo Muñoz (PPD), Mario Desbordes (RN), Luis Felipe Ramos (Partido Liberal), Hernán Larraín Matte (Evópoli), Javiera Toro (Partido Comunes), Carlos Maldonado (Partido Radical) y por Gabriel Boric (Convergencia Social).

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